El Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo Reglamento de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICT). Este reglamento permitirá la introducción en los edificios de nueva construcción de las redes de acceso ultrarrápido que podrán proporcionar velocidades superiores a 100 Mbits por segundo.
Los edificios de nueva construcción deberán contar a partir de ahora con recintos destinados a albergar equipamientos de telecomunicaciones. Así lo recoge el nuevo reglamento aprobado por el Consejo de Ministros. Gracias a las ICT los edificios contarán con canalizaciones y elementos necesarios para los cableados interiores y los cableados de diferentes redes como cobre, cable coaxial o fibra óptica. Asimismo, también estarán preparados para las antenas y la recepción del servicio de radio y televisión. De esta forma, los operadores desplegarán sus redes hasta la entrada de la construcción, desde donde se conectarán con las redes ICT de cada edificio.
La normativa se engloba dentro de los objetivos de la Agenda Digital Europea y se adecua al escenario surgido tras la implantación de la TDT. Introduce, además, elementos para que el concepto de Hogar Digital evolucione y beneficie a los usuarios.
Los operadores ya están trabajando en dar respuesta a las nuevas demandas surgidas en torno a aplicaciones y servicios y están desplegando infraestructuras de acceso rápido y ultrarrápido de Internet. Gracias a ello, se fomentará el despliegue de las redes NGA (Next Generation Acces), que podrán proporcionar velocidades superiores a 100 Mbits por segundo.
Desde el Gobierno español han señalado que el despliegue de estas infraestructuras traerá consigo una reactivación de la actividad económica y de empleo. Los operadores tienen previsto realizar inversiones de 2.500 millones de euros anuales para ofrecer estos servicios. Además, se deberá contratar personal para desplegar todas estas tecnologías y realizar las adaptaciones necesarias. Se calcula que las ICT generarán alrededor de 20.000 nuevos empleos.
Esta normativa se ha realizado junto a agentes del sector de telecomunicaciones y se ha informado a la Asociación de Promotores y Constructores de España. Con su aprobación, España se convierte dentro de la Unión Europea en pionero en la aplicación de estos objetivos.