- Recientemente, se ha publicado el proyecto de ley que garantizará la protección a las personas denunciantes.
- Itelazpi, desde el 2017, es referente en material de cumplimiento penal con la implantación del sistema de gestión certificado según UNE 19601.
El pasado viernes 23 de septiembre se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el Proyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción (ver aquí). Esta inminente Ley responde a una Directiva de la UE denominada comúnmente “Directiva Whistleblowing” que viene a sentar, con una serie de concreciones y particularidades, la obligación de disponer de canales públicos de denuncia y de mecanismos que protejan a las personas denunciantes. Esta obligación se establece tanto para el sector privado como público.
Disponer de un canal de denuncia, un protocolo claro de gestión de este y una adecuada protección de las personas denunciantes es un elemento crucial de cualquier sistema de cumplimiento penal. En esta línea, ITELAZPI se adelantó a estas obligaciones ya en 2017, cuando puso en marcha su sistema de cumplimiento penal, actualmente acreditado con la UNE 19601. Desde entonces, Itelazpi ha venido mejorando su Sistema de prevención de riesgos penales y traccionando su implantación en las empresas colaboradoras, como mecanismo de buen gobierno y sostenibilidad.
Desde Itelazpi, seguiremos de cerca las modificaciones que pudieran producirse al actual Proyecto de Ley para mantener nuestro canal de denuncias adecuado al contenido a la normativa que finalmente se apruebe.
